La ley de pruebas de ADN se puede mejorar

Alumnos de la USC aprendieron sobre la ley de ADN en un foro a cargo del licenciado Francisco del Valle. Foto Suministrada

Abogado señala aspectos en los que estima se debería enmendar el estatuto

Por Viviana S. Flores Rivera
Reportero Digital Puerto Rico

El licenciado Francisco Del Valle Sosa opinó que ciertos aspectos de la ley de pruebas de ADN se pueden mejorar para ayudar a más personas que cumplen condenas en las prisiones, pero alegan que son inocentes de los delitos por los que han sido sentenciados.

“La ley debe incluir todos los delitos graves”, sostuvo el abogado al explicar que las disposiciones vigentes “solamente incluyen 13 delitos”.

En entrevista telefónica con Reportero Digital Puerto Rico, el letrado explicó que la redacción original del proyecto de ley incluyó todos los delitos tipificados en Puerto Rico, pero durante el proceso legislativo fueron eliminados y ahora la aplicación del estatuto se limita a 13.

El Artículo 3 de la ley enumera los 13 delitos en los que aplicaría. Si una persona fue declarada culpable y cumple cárcel por asesinato en cualquiera de sus modalidades, homicidio, homicidio negligente, agresión sexual, incesto, actos lascivos, agresión grave, robo, escalamiento, daño agravado, restricción a la libertad agravada, secuestro y secuestro agravado, así como en sus respectivos grados de tentativa, podrá presentar ante el Tribunal de Primera Instancia una prueba de ADN como potencial evidencia exculpatoria que se utilizaría en un nuevo juicio, si así se le concede.

Según Del Valle Sosa, deben aclararse determinaciones de la ley, que a pesar de sus fallos ya ha permitido presentar pruebas genéticas que, por ejemplo, reflejaron la no participación de tres convictos por el crimen de la joven Glorimar Pérez Santiago. Gracias al estatuto, Nelson Ruiz Colón, José A. Caro Pérez y Nelson Ortiz Álvarez fueron liberados, después de 22 años en prisión.

“La ley no te concede un nuevo juicio, para un nuevo juicio tienes que utilizar las reglas de un procedimiento criminal que son aparte y muchas veces el abogado de defensa cree que la ley le dá un nuevo juicio y no”, sostuvo. Explicó que la ley provee las pruebas de ADN y si estas resultan beneficiosas para el convicto, entonces se puede pedir un nuevo juicio a través de las reglas de procedimiento criminal.
El licenciado expuso que los aspectos se podrían mejorar mediante enmiendas legislativas que permitirían aclarar la redacción de la ley.

Del Valle Sosa argumentó sobre ese estatuto en un foro efectuado en noviembre en la Universidad del Sagrado Corazón. En su presentación ante alumnos y profesores de la institución planteó que la mejor forma en la que esta ley puede funcionar es que se “opere para ambos lados”.

Expresó que las pruebas de ADN pueden confirmar si el convicto es realmente inocente al igual que puede ayudar en la investigación de la búsqueda de la persona que cometió el crimen.

Mencionó que el estatuto “tenía un lenguaje bastante confuso” respecto al artículo que establece el tiempo de vigencia para solicitar una prueba de ADN. Por tal razón, precisó que se enmendaron varios artículos y se creó la Ley 73, que anula la caducidad de la ley de pruebas de ADN.

En la conferencia, el abogado abundó sobre el trasfondo histórico de las pruebas de ADN y explicó cómo surgió en Puerto Rico este tipo de ley, que ya estaba vigente con sus variantes en otros países.

Explicó que un convicto tiene 12 meses para solicitar una prueba de ADN desde que conoce sobre la existencia de material genético en la evidencia que tenga disponible el Estado.

Del Valle Sosa dijo que para aclarar ese término se enmendaron artículos previamente aprobados y se creó la Ley 73.